Clases presenciales: un imperativo moral y ético

Por Sebastián Zúñiga | Egresado Cuarto Medio Twitter: @SebZunigaG

Instagram: @seba.zug

“No están las condiciones en el mes de marzo para volver a clases presenciales”. Estas fueron las declaraciones del actual presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, argumentando que “la ciencia nos dice que se requieren 28 días entre cada vacuna para alcanzar una inmunidad, por lo cual sería un riesgo para la salud de los estudiantes”.

Para los más informados en el tema sus dichos nos son de extrañar, pues la entidad, desde el arribo del expresidente Mario Aguilar a la directiva en el año 2017, ha seguido una lógica totalmente obstruccionista con las políticas públicas del gobierno en materia de educación. Recordemos que, durante el año pasado, el gremio se negó en todo momento al eventual retorno presencial a clases, perjudicando así a los jóvenes con menos recursos, debido a la ausencia de computadores en sus hogares o la falta de conexión a internet. Y si hacemos un poco de memoria, en el año 2019 se ocasionó uno de los paros docentes más extensos en los últimos años, con una duración aproximada de 2 meses, el cual evidentemente no tuvo los resultados esperados.

Ahora bien, dejando de lado el poco o nulo aporte que realiza la entidad, las palabras de Díaz vuelven a poner sobre la mesa la discusión que se ha dado en la mayoría de los países del mundo con respecto al retorno de las clases presenciales, la cual en el primer mundo prácticamente ya está zanjada, pero, como es de esperar, en naciones como la chilena todavía generan diversas opiniones muy contrapuestas entre sí.

Sin embargo, las afirmaciones de la izquierda chilena sobre el tema (entre ellos el colegio de profesores), dejan en evidencia el poco roce que estos grupos tienen con la realidad y manifiestan un claro interés por intentar desacreditar al gobierno, incluso si eso significase un perjuicio directo hacia los estudiantes, hecho que lamentablemente ha ocurrido en los últimos meses de pandemia.

Para ser más precisos, su tesis es similar a la expuesta por Díaz. Para ellos, la vuelta a clases es un “tremendo riesgo” para la salud pública, y que no están dispuestos a exponer a los jóvenes a ese peligro. No obstante, la evidencia empírica dice lo contrario.

En primer lugar, sólo un 15% de colegios que volvieron a clases presenciales tuvo algún caso de covid-19, según un catastro realizado por el Ministerio de Educación, publicado un mes atrás. Además, en el mismo, se afirma que “sólo el 1% tuvo más de un caso” y que “Los 11 establecimientos que reportaron la presencia de más de un caso de covid-19 fueron independientes y no representaron rebrotes”. Algo similar ha ocurrido en países nórdicos como Suecia, el cual, a pesar de ser duramente criticado por la estrategia empleada para enfrentar a la pandemia, la vuelta a clases presenciales no ha significado un exceso de contagios y de fallecidos como la prensa había previsto en un principio.

A esto también hay que agregarle las dificultades que implican para los más desfavorecidos el no retorno a clases presenciales, ya que según la encuesta longitudinal de Empleo en Tiempo real realizada por el Centro UC, un 38,8% de los estudiantes pertenecientes a establecimientos municipales y públicos no recibieron clases por videoconferencia, mientras que en los colegios particulares pagado esta cifra solo alcanza un 10,1%, número que aún así es bastante preocupante. El encargado de la encuesta, David Bravo, concluye que "con la desigualdad que esa modalidad reporta, las diferencias socioeconómicas siguen siendo importantes y tienden a crecer en pandemia”.

Ahora bien, esto no solo ocurre en nuestro país. En Bélgica, por ejemplo, la desigualdad en el rendimiento académico aumentó un 20% en los estudiantes, e incluso en Estados Unidos los niños de primaria perdieron cerca del 70% del aprendizaje del 2020 en lectura y hasta un 50% en matemática, señala un informe realizado Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Guillermina Tiramonti (FLACSO).

Otro punto importante que destacar es la salud mental de la población juvenil. De hecho, la propia OMS alerta de un repunte de suicidios y trastornos psicológicos debido a la pandemia, afirmando que el deterioro de la salud mental se ha convertido en una "pandemia paralela a la COVID-19". Quizás el ejemplo más ilustrativo se haya visto en Estados Unidos, donde el número de suicidios de niños y jóvenes estadounidenses creció un 57% en una década, y para que hablar del emblemático caso de Las Vegas, en el que el superintendente del condado de Clark, Jesús Jara, afirmaba “cuando comenzamos a ver el aumento en el número de niños que se quitaban la vida, sabíamos que ya no eran solo los números de COVID-19 los que teníamos que mirar".

Pero tampoco no nos olvidemos de los profesores, que según los estatutos del gremio que dirige Díaz, busca “Propender a la dignificación del profesor” y a “procurar que los docentes se desenvuelvan en un ambiente de libertad”. Bueno, ni dignidad ni libertad para el educador, pues según un estudio de la Fundación Liderazgo Chile, la UDD y la UNAB, se afirma que un 84,5% de los profesores chilenos manifestó tener un alto desgaste emocional derivado de su trabajo en la pandemia, en donde se destaca que un gran porcentaje se siente agobiado, saturado y cansado físicamente.

Y si estos datos no son suficientes, podemos defender esta postura con el argumento favorito de la izquierda: Los Derechos Humanos.

El derecho a la Educación es un mandato fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), así como también el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure al individuo, entre otras cosas, el bienestar personal. Pues bien, si de verdad los derechos humanos son “para todos” y no para ciertos grupos específicos, entonces la gran mayoría, en especial los grupos de izquierda y su discurso igualitarista, deberían promover a toda costa la vuelta a clases presenciales siempre cuando sea posible, para así resguardar la salud mental y el correcto aprendizaje de los jóvenes.

Para finalizar, si el colegio de profesores quiere ser un verdadero aporte a la discusión educacional, en vez de cerrar las puertas a un eventual diálogo con el gobierno, debería apoyar fehacientemente el retorno de las clases presenciales.

No por un tema político, sino por un imperativo moral y ético.